Los recursos de FONATEL serían entregados a órganos políticos y no técnicos, lo cual podría afectar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio y solidaridad contenidos en la Ley General de Telecomunicaciones.
Si bien el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) considera de gran importancia la alfabetización digital de los costarricenses, sobre todo de quienes tienen menos posibilidades, una vez analizado el texto sustitutivo del proyecto de ley 22.206 llega a la conclusión de que no es posible respaldar la aprobación de dicho proyecto de ley ni su texto sustitutivo, entre otros motivos por lo siguiente:
El texto sustitutivo del proyecto de ley 22 206 principalmente contiene modificaciones sobre la asignación, la administración de recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y la creación de un programa de educación relacionado con la alfabetización digital, con lo que se le estaría trasladando gran parte de los recursos del Fondo al MEP y al MICITT, que como se sabe, tienen funciones políticas y no técnicas como las que se requieren para llevar a cabo los objetivos de acceso universal, servicio y solidaridad trazados por la Ley General de Telecomunicaciones.
La propuesta pretende mediante la modificación de la actual Ley General de Telecomunicaciones Nº8642, crear un Programa Nacional de Alfabetización Digital (PNAD), que sería financiado con los recursos de FONATEL, dineros que serían transferidos a las arcas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), además de que, introduce modificaciones que hacen más compleja la actual estructura del Estado, dado que cambia las funciones y los responsables de ejecutar los mecanismos de financiamiento, asignación, administración y control de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio y solidaridad contenidos en la Ley General de Telecomunicaciones, lo que redunda en el debilitamiento del control sobre los recursos de FONATEL.
"El CPIC no considera conveniente que un programa específico de educación sea incluido en la Ley General de Telecomunicaciones, la cual regula aspectos técnicos. Lo correspondiente es que un programa de este tipo se coordine mediante los instrumentos contenidos en dicha ley y en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT), lo que además, evitaría la rigidez de legislativa cada vez que el Poder Ejecutivo requiera modificar el programa", comentó Ing. Yenory Rojas Hernández PhD. Presidente del Colegio de Profesionales en Informática y Computación.
También preocupa al CPIC que este proyecto de ley le otorga potestades al MICITT sobre aspectos técnicos para los que la Ley General de Telecomunicaciones creó a SUTEL, erosionando las capacidades técnicas de esa superintendencia al supeditarlas a órganos políticos, entre ellos por ejemplo, la de establecer la tasa parafiscal que se aplicaría a los operadores de telecomunicaciones. También le traslada al MICITT la potestad de formular, ejecutar y operar, los proyectos de acceso universal, servicio universal, solidaridad contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, obviando que las funciones del MICITT son de general políticas públicas y la de gestionar los aspectos técnicos y prácticos del desarrollo de la tecnología.
Otro aspecto que se considera innecesario e inadecuado es la creación mediante el Transitorio IX de un bono de conectividad, financiado con fondos de FONATEL que obligaría al Fondo a entregar los recursos para ese bono 45 días después de que el MEP entregue la lista de beneficiarios, la cual debe ser elaborada 30 días después que entre en vigencia la reforma planteada, es decir, 65 días después de que entre a regir la reforma. Se considera que esta medida resulta inconveniente dado que no se está considerando el riesgo para la sostenibilidad financiera de los proyectos que la SUTEL ya se encuentra ejecutando, entre los cuales ya inició varios proyectos para conectar a internet y entregar equipos a unos 100 mil hogares con estudiantes previamente identificados por el MEP y el IMAS.
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